El acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad se ha centrado en dos materias diferentes:Jornada "Per què no patentes? Conceptes bàsics sobre la propietat industrial" (Universitat Ramon Llull)
Barcelona. (EFE).- El precio de la vivienda de segunda mano ha bajado en siete de los once distritos de Barcelona, donde ha descendido de media un 2% el tercer trimestre de este año y se sitúa en los 5.047 euros por metro cuadrado de media.
El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona y Provincia, Joan Ollé, y el presidente de la Asamblea de Comprarcasa Barcelona, Juan José Aguilera, han facilitado hoy en rueda de prensa estos datos relativos al tercer trimestre de este año.
Ollé ha explicado que, según sus previsiones, los precios bajarán aún un trimestre más y se mantendrán posteriormente, y ha considerado que "estamos anclados en un periodo de moderación".
Por su parte, Aguilera ha opinado que ahora es un "buen momento para reactivar las compras" de pisos por la estabilidad de los tipos de interés, en los que no se prevén incrementos destacados en un futuro.
Madrid. (EP).- El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, pidió hoy al responsable de Privacidad de Google, Peter Fleischer, que la compañía atienda el derecho de cancelación de datos de los internautas sobre la información que el buscador almacena de las búsquedas de los usuarios, e informe a los mismos de que los almacena. Entre los datos que guardan los buscadores, figuran la identificación del usuario (dirección IP) y sus preferencias a la hora de navegar por la Red.
La está analizando las políticas de privacidad de los principales buscadores de Internet y su cumplimiento de la normativa española en materia de protección de datos, para lo que también tiene previsto reunirse con representantes de Yahoo! y Microsoft. En la reunión de hoy, representantes de la AEPD han trasladado al responsable de privacidad de Google sus principales observaciones en relación con sus políticas de recogida, retención y uso de datos personales, derivados de las búsquedas a través de Internet efectuadas por los usuarios.
En la actualidad, según la Agencia, Google ha reducido a 18 meses la retención de datos asociados a las búsquedas que los usuarios realizan. Entre ellos, se encuentran datos que permiten la identificación del usuario como la dirección IP (que identifica a los ordenadores), y los derivados del uso de dispositivos que almacenan las preferencias del usuario (por ejemplo, las llamadas 'cookies').
Para la AEPD, estos datos se consideran dato personal, y, por ello, sólo pueden ser utilizados y retenidos con unas finalidades concretas, como la mejora del servicio, la seguridad del propio sistema de búsqueda, y la lucha contra el fraude y el 'spam'.
Asimismo, la han trasladado a Google la necesidad de que tanto los datos retenidos como el periodo de retención de los datos deberían limitarse.
Según este organismo, el tratamiento de estos datos por parte de los buscadores de Internet requiere que exista pleno conocimiento por parte de los usuarios. Además, en relación con la utilización de cookies o dispositivos similares, de captación de información, la AEPD ha destacado su inquietud por el desconocimiento, por parte de los usuarios, sobre su finalidad y la de la posibilidad de desactivarlas.
Por ello, la agencia reclamó a la compañía la necesidad de mejorar la información ofrecida a los usuarios del buscador, para que puedan conocer realmente el uso de mecanismo del almacenamiento de información y los procedimientos para desactivarlos. Asimismo, demandó que se atienda el derecho de cancelación de datos de los usuarios, que se obtengan en el proceso de búsqueda, siempre y cuando no se opongan a mandatos legales o al ejercicio de la libertad de expresión.
Fuente: www.lavanguardia.es
Madrid. (EFE).- La Asociación de Internautas denunció hoy que esta mañana se han producido miles de intentos de robo de claves bancarias a través de correos electrónicos que simulan proceder de la Agencia Tributaria y prometen ventajas fiscales mientras exigen conocer esos datos personales.
El presidente de la citada asociación, Víctor Domingo, explicó a Efe que han recibido hasta 2.000 denuncias de este 'phising', en el que se suplanta a la Agencia Tributaria.
"Es un intento de robo de identidad y claves bancarias" que luego se usan para robar o para crear bases de datos que después utilizarán, denunció.
La clave del fraude es la recepción del correo, que imita a un alto nivel la imagen corporativa de la web de la Agencia Tributaria, y que se presenta con un asunto: 'Reducciones de base imponible en el I.R.P.F.'.
A partir de ahí, el correo solicita datos personales y claves para acceder a la cuenta corriente de quienes "pican" en el engaño (y que, según los internautas, ascienden a unos 15 ó 20 por cada 1000 falsos correos, lo que puede arrojar "beneficios" a los estafadores cercanos a los 100.000 euros).
La asociación ha denunciado el asunto a las Fuerzas de Seguridad y su presidente Víctor Domingo ha destacado en declaraciones a Efe "la especial peligrosidad de esta campaña", porque "el mensaje es absolutamente corporativo" y porque el dominio de Internet que utilizan, agencia-tributaria.eu, es muy creíble.
Los "ataques" de esta mañana completan una semana en la que se han producido 'phising' suplantando muy diferentes identidades bancarias, dijo Domingo, quien se basa en las denuncias recibidas en su asociación, que se presenta como una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional.
"Esta semana ha habido ataques usando al Banco Sabadell-Atlántico, al Banco Popular, a Caja Madrid y a la Agencia Tributaria", denunció Domingo.
A lo largo del mes, se ha usado en varias ocasiones la identidad del Banesto, La Caixa, CajaMurcia, Caja-Duero y Grupo Santander, añadió.
"Los ataques de esta semana vienen del mismo origen, no sé si es una banda, dos o tres, pero vienen de países del Este. Tienen además una misma forma de actuar, que es complementaria de los 'scam' o 'muleros', un sistema de "lavado de dinero", denunció también Domingo.
Este sistema ofrece, siempre a través del correo, trabajo fácil gestionando dinero a través de internet, lo que equivale, si se acepta la oferta, a usar la propia cuenta bancaria para transacciones que dejan rastro y cierta cantidad de dinero en el propio banco, pero que envían cantidades mucho mayores a cuentas de las que se pierde el rastro.
"Envías las cantidades que te dicen a donde te dicen, te quedas con un 15 % en tu cuenta, según el acuerdo, y a los dos o tres días recibes una denuncia o la visita de la Policía por blanqueo de capitales", explicó.
Es decir, que el dinero que roban mediante el 'phising' lo envían a su entramado bancario usando las cuentas bancarias de personas que creen estar gestionando capitales honestamente pero están delinquiendo y son los únicos identificables en la operación, concluyó.
Fuente: www.lavanguardia.es
Madrid. (EFE).- España se mantiene en el cuarto puesto en recepción de ataques informáticos "phishing", para adquirir información confidencial de entidades bancarias de forma fraudulenta, según el informe de junio de la empresa de seguridad tecnológica RSA.
Esta compañía, filial de la empresa de almacenamiento informático EMC, explicó que en junio se vieron afectadas seis entidades financieras españolas, de las 191 atacadas en todo el mundo, con un total de 32 agresiones contra sistemas de protección de datos.
Estas actividades se han incrementado en junio de este año en un 11,7% más que en el mismo mes del 2006; Estados Unidos es el país más afectado por estos ataques, pero también el que alberga mayor número de servidores comprometidos con un 59% del total, frente al 55% que registraba en mayo.
Reino Unido ocupa el segundo puesto en recepción de ataques con el 9% del total y Canadá el 6%; mientras que en el alojamiento de fraudes, Hong Kong es el segundo emisor con el 10% de los mensajes pirateados, Alemania emite el 8% y Rusia el 5%.
La división de seguridad de RSA descubrió que los "ciberdelincuentes" han creado un nuevo equipo de "phishing" que permite crear sitios fraudulentos en sólo dos segundos, ya que es un simple archivo en código PHP que al ser ejecutado genera todos los directorios necesarios para acceder a los datos de los usuarios.
Este sistema reduce el tiempo y el esfuerzo del defraudador y disminuye el riesgo de identificación a través de los ordenadores personales y sistemas de seguridad de red, sin embargo sus condiciones para la detección y el bloqueo son las mismas que para el resto de tipos de "phishing".
Fuente: www.lavanguardia.es
REQUISITOS. El primer requisito es que el niño haya nacido o haya sido adoptado a partir de las cero horas del día 3 de julio. Tanto en el caso de españoles como de extranjeros se precisa residencia en España, como mínimo desde dos años antes del nacimiento o la adopción.
BENEFICIARIOS. Con carácter general, la beneficiaria es la madre. Sólo podrá serlo el padre en caso de fallecimiento de ésta. Esto no impide, sin embargo, que la mujer pueda ceder al otro progenitor el cobro de esta ayuda. En los casos de adopción por parejas del mismo sexo, el beneficiario será quien ellos determinen.
JUNTO CON LOS 100 EUROS. El beneficiario que esté dado de alta en la Seguridad Social podrá utilizar el modelo de solicitud 140 con el que se pide el cobro de los 100 euros mensuales para solicitar los 2.500 euros. Los que ya hayan solicitado los 100 euros no tienen que hacer ninguna gestión más. Este impreso puede obtenerse por internet (www.agenciatributaria.es), en las delegaciones de la Agencia Tributaria y en registros civiles.
SIN SALARIO. Los que no trabajen o no estén dados de alta en la Seguridad Social deberán rellenar el modelo 141, disponible en los mismos puntos que el 140 y en la Seguridad Social.
COBRO. El abono se producirá en el mes posterior a la entrada en vigor de la norma, prevista para noviembre.
TELÉFONOS. Para más información llamar al 901 335 533 y 901 200 345
El 14 de junio con motivo del día mundial contra la piratería ha sido presentado el informe" El consumidor ante las falsificaciones y las imitaciones" elaborado por la la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema), en colaboración con las Cámaras de Comercio, a partir de una encuesta a más de un millar de consumidores.
En el informe se pone de relieve que los españoles gastan anualmente más de 285 millones de euros en productos falsificados. El gasto medio por compra se sitúa en los 20,66 euros, con una frecuencia media de al menos dos veces al año.
Según el informe, el 18% de los consumidores admite comprar productos falsificados de forma voluntaria. Esta cifra representa una ligera reducción de un 3% respecto a 2001, año en el que Andema elaboró la primera encuesta. Por sexo, la encuesta pone de relieve un aumento claro de la contribución de las mujeres al consumo de las falsificaciones. Así, 62% de los compradores son mujeres. Además, comparando el dato con 2001 se observa un aumento de seis puntos porcentuales. Por el contrario, mientras que el 44% de los consumidores eran, en 2001 hombres, su porcentaje se ha reducido al 38%.
En cuanto las edades, se observa una generalización del consumo que va de los 16 años a los 54. En primer lugar, se sitúa el segmento de entre 25 y 34 años (26%), seguidos muy de cerca por los de entre 16 y 24 años /22%) y la población de entre 45 y 54 años (20%). Sólo los consumidores de más de 64 años presenta un porcentaje muy reducido, un 5%.
A la luz de los datos contenidos en el informe, se concluye que el perfil del consumidor voluntario de productos falsificados responde a una mujer, entre 25-34 años; empleado no directivo o ama de casa y perteneciente a la clase media-media.
En cuanto a los productos falsificados más solicitados, destacan las marcas de textil; en segundo lugar aparecen las falsificaciones en electrónica que casi ha duplicado los porcentajes del 2001. En tercer lugar se encuentra Perfumería y Cosmética, y en en cuarta posición se sitúa marroquinería y complementos.
El informe elaborado por la Asociación de Defensa de la Marca, analiza también el comportamiento de los consumidores en el caso de las imitaciones. Un 17% de los encuestados admite comprar voluntariamente imitaciones de marca, con una reducción de tres puntos porcentuales respecto a 2001. En cuanto al perfil del consumidor de imitaciones, responde a una mujer, el 70% de los compradores son mujeres; de entre 45-54 años (27%); empleado no directivo (37%) y por rol familiar, son las amas de casa las que utilizan más este tipo de productos, pertenecientes a la clase media-media (71%).
Consulte el informe completo "El consumidor ante las falsificaciones y las imitaciones"
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Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas
Publico esta noticia de la OEPM porque recientemente hemos recibido en el Gabinete varias cartas de dicha empresa o institución.
Advertencia respecto de sociedades que solicitan pagos por inclusión de marcas en el registro EIEC de las marcas protegidas.
Ante las consultas que viene recibiendo la Oficina Española de Patentes y Marcas por parte de diversos titulares o solicitantes de marcas y en relación con un escrito/carta de pago del Instituto Europeo para la Economía y el Comercio (EIEC) que solicita un ingreso de 567,31 € por la inclusión de su marca en el Registro EIEC de las Marcas Protegidas y dado que los receptores de estas comunicaciones vienen interpretando que esta carta tiene alguna relación con la OEPM asimilándola a un pago de tasa de registro o de renovación para el mantenimiento de su marca,
La Oficina Española de Patentes y Marcas informa:
Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE, Ley 34/2002 de 11 de julio en vigor desde octubre de 2003) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD, Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), es que los propietarios de páginas Web o portales comerciales deben cumplir con una serie de requisitos específicos para no ser sancionados por el organismo regulador: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Las consecuencias de su incumplimiento conllevan a sanciones ya no sólo son administrativas, sino que además de ellas se pueden derivar responsabilidades civiles, penales y laborales.
Las sanciones administrativas, que están definidas en función de su gravedad, pueden ser:
Las inspecciones de la Agencia pueden realizarse de oficio o a partir de una denuncia.
Entre las obligaciones para los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico que incluye la Ley podemos citar a modo de ejemplo:
Para mayor información:
* Agencia española de protección de datos
https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=72
* Ley de servicios de la sociedad de la información
http://www.lssi.es/
Se han presentado ya los datos de las intervenciones aduaneras comunitarias en IP correspondientes al año 2006. Las estadísticas comunitarias muestran que el número de casos referidos a propiedad intelectual, así como el número de productos intervenidos se ha incrementado espectacularmente respecto del pasado año. En 2006, las Aduanas interceptaron más de 250 millones de productos falsificados en un total de 36486 casos. Si se comparan estos datos con los del pasado año en que se intervinieron 75 millones de artículos en un total de 26000 casos, se observa un espectacular incremento tanto de productos intervenidos como de intervenciones en este campo.
Madrid. (EFE).- El Congreso aprobó hoy con el consenso de todos los grupos la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que permitirá hacer cualquier tramitación administrativa por Internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.
La Ley, en la que se incluyeron todas las enmiendas procedentes del Senado, obliga a la Administración General del Estado (AGE) a garantizar que los usuarios podrán hacer todos sus trámites de forma telemática a partir de 2009.
De esta forma, quienes quieran podrán usar los medios electrónicos para pedir información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, de forma que se faciliten y agilicen los procesos burocráticos.
Para ello, está previsto que este año la AGE invierta 1.900 millones de euros en la aplicación de nuevas tecnologías, que permitirán su plena adaptación a los procedimientos electrónicos. No obstante, las administraciones autonómicas y locales dispondrán de plazo hasta 2012, ya que irán implantando estos sistemas en función de sus posibilidades presupuestarias.
La norma permitirá además a los ciudadanos utilizar los programas y el software que deseen, de forma que tanto los usuarios de software libre como los vinculados a multinacionales podrán hacer sus trámites sin problemas, ya que las Administraciones tendrán que usar estándares de uso generalizado, para evitar discriminaciones.
Fuente: www.lavanguardia.es
La Cámara de Comercio e Industria de Madrid en colaboración de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (ANDEMA), han organizado una Jornada Informativa sobre la "Protección de la Marca en el Comercio Internacional" que se celebrará el próximo 26 de junio en la Sede de la Cámara de Comercio de Madrid C/ Ribera del Loira 12.
La competitividad internacional de las empresas encuentra en la propiedad industrial un elemento clave que permite a éstas garantizar la identificación y la diferenciación de sus productos, consolidar su prestigio y proteger su esfuerzo innovador.
Los diversos sistemas de protección de las patentes, marcas y diseños, desarrollados a escala nacional e internacional, aparecen así como parte indispensable de la seguridad jurídica necesaria para el correcto funcionamiento de una economía globalizada en la que el valor de la imagen y de la innovación es especialmente relevante.
Su alcance, sus límites, y la reciente evolución de sus correspondientes instrumentos de tutela, constituyen cuestiones esenciales para toda empresa y, en especial, para aquélla que compite en los mercados internacionales.
Para aquellos que estén interesados en asistir es necesario previa inscripción, para lo cual deberán acceder al siguiente link: http://www.exportmadrid.com/v2/agenda.aspx?evento=21#18
Según Recovery Labs, compañía especializada en el desarrollo y comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, borrado seguro y peritaje informático, más del 60% de los casos para los que se solicita el servicio de peritaje informático están relacionados con el sabotaje, la competencia desleal o por mala fe de algún empleado de la empresa.
Y es que la marcha a la competencia de un empleado clave para una compañía puede suponer un problema en la seguridad de la misma. El robo o destrucción de información, la contabilidad, o la base de datos de clientes puede afectar a la supervivencia de las empresas.
Al sabotaje informático le siguen, en porcentaje de demanda, los casos referidos al uso indebido de Internet, con un 31,6% y ya, a mucha distancia, el abuso de material informático con un 6,1%.
"El crecimiento e implementación del uso de sistemas informáticos tiene asociado un constante incremento del número de litigios relacionados con delitos informáticos que requieren peritajes informáticos como medio de prueba", afirma Juan Martos, Responsable del Departamento de Informática Forense de Recovery Labs. Fraude informático, abuso de correo electrónico y de uso de Internet, piratería informática, violación de seguridad en los sistemas de información, competencia desleal o borrado fraudulento de archivos son sólo algunos ejemplos de delitos informáticos.
Cuando se producen estos hechos, y es necesario demostrarlos ante un Tribunal de Justicia, se hace imprescindible la actuación y el testimonio de peritos informáticos. Un cuidadoso protocolo de Peritaje Informático garantiza la seguridad, la autenticidad y la cadena de custodia de la prueba, desde su adquisición hasta su presentación ante los tribunales.
Fuente: www.delitosinformaticos.com
El día 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, creado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El lema de este año, Fomentar la creatividad, permite resaltar la relación entre la creatividad y la propiedad intelectual, de modo que no aparezcan como dos conceptos opuestos y separados, sino intrínsecamente unidos. Gracias a la creatividad surgen las ideas que permiten dar lugar a invenciones, signos distintivos y diseños industriales. El fin último de la propiedad intelectual es, además de fomentar la creatividad, recompensar la innovación.
Dentro de la propiedad intelectual, la propiedad industrial implica la protección jurídica mediante patentes, marcas, y diseños industriales de cuya tramitación y concesión se encarga la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas
La Ley de Acceso a la Administración Electrónica ya es una realidad que sigue ahora su camino en el Senado. Tras el plácet del Gobierno, el proyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) inicia su periplo en el Congreso de los Diputados.
El ciudadano tendrá derecho a pedir información, realizar consultas, formular solicitudes o efectuar pagos por Internet en 2010. Con la abstención del PP y CiU,
el Congreso aprobó el jueves la normativa que reconoce el derecho al acceso a la Administración por medios electrónicos y, por tanto, convierte en obligación prestar estos servicios en la Red. Hasta ahora era por voluntad del administrador.
Esta ley también da derecho a elegir al ciudadano qué aplicaciones o sistemas informáticos usa para relacionarse con la administración, siempre que estén basados en estándares abiertos o aquellos que sean de uso generalizado. Por ejemplo, las administraciones deberán facilitar documentos en el formato abierto OpenDoc (reconocido por la ISO) y, de forma complementaria, en formato propietario Microsoft Word, de uso mayoritario. Además, la normativa crea la figura del defensor del ciudadano en la e-Administración, entre otros aspectos.
El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes al proyecto de la LISI. Su objetivo es cubrir "vacíos normativos, eliminar obstáculos y potenciar los derechos de los ciudadanos". Para ello, modifica las leyes de Comercio Electrónico (LSSI), Firma Electrónica, Telecomunicaciones y de Ordenación del Comercio Minorista.
La propuesta obliga a las compañías que prestan servicios públicos (eléctricas, agua, gas, electricidad y telecomunicaciones) a facilitar el alta, baja o reclamaciones por Internet y otros medios electrónicos. También generaliza el uso de la factura electrónica, impulsa el uso de las conexiones de banda ancha antes de fin de año y los dominios .es que contengan la ñ o la ç, entre otros.
Del texto ha desaparecido el artículo 17 bis, que establecía el mecanismo de notificación y retirada de contenidos que supuestamente violan los derechos de autor en Internet. El procedimiento legitimaba a las entidades de gestión (SGAE, EGEDA, CEDRO...) para obligar a los proveedores de acceso a Internet (PSI) a bloquear, previa denuncia pero sin orden judicial, las web con contenidos supuestamente ilícitos si el acusado no daba respuesta a la notificación en un plazo de 10 días.La exclusión del artículo 17 bis en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información -LISI- genera tanta polémica como su inclusión.
La información de la Asociación de Internautas sobre el dictamen del Consejo de Estado, que criticaba la introducción tardía de un artículo tan "novedoso" así como su "fondo y contenido", levantó los ánimos de las asociaciones de usuarios, que acusaron al Gobierno de fomentar la "censura" en Internet.
"Es nefasto que en un momento en que se debate sobre los contenidos en la Red, se dé potestad para decidir qué es legal y qué no a las entidades de gestión, una de las partes afectadas. Creemos que sólo lo debe decidir un juez", explica Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI).
Cuando el pasado viernes el Consejo de Ministros retiró el artículo, quienes se soliviantaron fueron los autores, editores y productores audiovisuales.
La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual manifestó su "indignación" por la "pérdida de una magnifica oportunidad para mejorar la defensa de la cultura". Según Pedro Farré, director de relaciones corporativas de la Sociedad de Autores, "con el artículo 17 bis, la industria cultural y tecnológica se comprometía a colaborar en un procedimiento prejudicial para limpiar la red de contenidos que violan derechos de autor. Si se retira será un escándalo".
El texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros, que ahora entra en el Congreso, establece que los prestadores de servicios en Internet (PSI) deben colaborar con los "órganos competentes" cuando éstos órganos hayan decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio.
El ministerio de Industria aclara que "no se crea ningún órgano nuevo, sólo se traspasan las competencias del mundo real al mundo virtual", como los ya existentes para consumo, sanidad y publicidad engañosa.
David Cierco, Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, niega las acusaciones de censura y añade que, en referencia a los derechos de libertad de información, "sólo" un juez tendrá potestad para cerrar una página web.
El proyecto de ley dice: "la autorización de la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes".
Como en el caso del canon digital por la copia privada, todavía por resolver, se enfrentan las industrias cultural y tecnológica. El Gobierno, con dificultades para mediar entre las partes, se decanta por convocar de nuevo a las partes para resolver el envenenado problema de la protección de los derechos de autor en la Red.
La semana que viene se reunirá el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones (CATSI) donde se debatirá "un nuevo borrador de propuesta, en la misma línea que el 17 bis excluido, pero con algunas modificaciones, que sirva para establecer un procedimiento para salvaguardar la propiedad intelectual en Internet", explica Cierco.
Sin embargo, no está nada claro cómo terminará esta nueva propuesta, si como una medida más del Plan de Fomento de los contenidos en Internet -"que tiene dos ejes principales, la protección de los derechos de autor y el desarrollo de la industria", explica Cierco-; o como parte de la nueva Ley de la Propiedad Intelectual (LPI). La reforma de la LPI del año pasado, que legalizó el canon digital, no entró en esta cuestión.
Al margen de la polémica, la LISI también aporta novedades positivas. Por ejemplo, exige a Red. es que resuelva los problemas técnicos que actualmente impiden registrar páginas web con las letras "ñ" y "ç". La entidad tiene tres meses para cumplirlo desde la entrada en vigor del texto.
La LISI también amplía la obligación de que las páginas que reciben financiación pública y aquellas que prestan servicios públicos cumplan con los dos niveles de accesibilidad web, tal y como ya se exige a las páginas de la Administración desde enero de 2006. Además, por las nuevas carreteras y vías de tren deberán instalarse canalizaciones para desplegar redes de telecomunicaciones. Finalmente, para fomentar el comercio electrónico, agiliza los trámites de constitución de sociedades limitadas en menos de una semana. En palabras de Pérez Subías: "Quita burocracia y añade garantías".
Fuente: elpais.com
