- El incremento de parados en situación límite está llevando a aceptar supuestas ofertas de negocio rentables que son en realidad una estafa.
- Las mafias organizadas aprovechan esta necesidad y la vulnerabilidad de ordenadores zombis para realizar transferencias internacionales que tienen un difícil seguimiento.
El gran número de parados en situación límite o con una retribución salarial precaria está llevando a muchas personas a aceptar un subtipo de negocio a priori muy rentable que aparece como una oferta atractiva a través de correos electrónicos. La gran oportunidad se anuncia como una gestión sencilla: recibir un importe de dinero en tu cuenta y transferirlo inmediatamente a otra, deduciendo entre un 5 y un 10% de beneficio directo.
La situación económica actual y la desesperación de muchas familias facilitan la aceptación de estas ofertas de trabajo que, frecuentemente, se llegan a disfrazar con cierta parafernalia de legalidad como contratos o sueldos mensuales. Detrás de estas ofertas de trabajo hay una eficiente técnica de estafa por Internet denominada SCAM (timo en inglés).
Según datos del Instituto nacional de Estadística (www.ine.es) en los últimos 3 meses del 2009 accedieron a Internet un total de 2.308.107 personas en situación de paro y 4.150.443 personas en situación de inactividad laboral (estudiantes, labores del hogar y pensionistas). De los más de 20 millones de personas que accedieron en este periodo a Internet, hay un total de 1.889.722 que perciben unos ingresos inferiores a los 1.100 € mensuales.
Las mafias organizadas aprovechan esta necesidad social y su propio conocimiento sobre nuevas tecnologías para cometer estafas por Internet que difícilmente pueden seguirse fuera de nuestro territorio nacional, donde debe recurrirse a organismos como Interpol o a Comisiones Rogatorias Internacionales para poder seguir el rastro al dinero estafado.
El Gabinete Profesional de Peritos Judiciales (www.peritos-judiciales.com), compañía especializada en la realización de informes de criminalística orientados a documentar estas prácticas pero también a la defensa de los afectados, ha analizado la metodología utilizada para la comisión de este tipo de delitos y el grado de implicación de los intervinientes para que se concrete su responsabilidad penal.
Con un buen dominio de los recursos que ofrece Internet, el procedimiento de la estafa es relativamente sencillo y rápido. Se necesita:
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Un estafado: en primer lugar necesitan de él las claves de acceso a su cuenta bancaria. Pese a la ingente información sobre estas técnicas, muchas veces el estafado suele proporcionarlas voluntariamente sin ser consciente, ingresándolas en supuestos correos electrónicos de su propio banco que irónicamente solicitan su confirmación por motivos de seguridad. Son las denominadas técnicas de phishing.
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Un intermediario no voluntario: utilizan su ordenador sin que él conozca su uso. Mediante software malicioso (troyanos) han tomado control de su equipo y, de forma oculta, realizan una transferencia desde la cuenta del estafado, a la que han accedido con su nombre de usuario y contraseña, hasta la cuenta de un intermediario voluntario.
Estos ordenadores son denominados en el ámbito informático como "zombis" por su analogía con los legendarios muertos vivientes esclavizados.
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Un intermediario voluntario: ha sido captado con una gran oferta de empleo como se ha comentado. Al margen de su conocimiento o no de la legalidad de la transferencia, debe retirar el dinero de su cuenta y, tras quedarse su comisión, tiene indicaciones para transferirlo a una cuenta internacional a través de servicios proporcionados por entidades no bancarias de envío de dinero a países extranjeros.
En ocasiones, para dificultar la labor policial, suelen utilizarse diferentes intermediarios, voluntarios o no voluntarios, para cambiar el dinero de una cuenta a otra y dificultar su seguimiento.
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Un beneficiario principal: recibe el dinero en su cuenta, habitualmente, en algún país del este de Europa y es el que mayor beneficio obtiene de la estafa.
En la mayoría de ocasiones no han pasado más de 5 horas desde la retirada del dinero al estafado de su cuenta hasta su transferencia última al beneficiario.
En este escenario, los mayores afectados son el estafado y los intermediarios no voluntarios. Estos últimos además se ven inmersos, sin tener ningún conocimiento del delito ni de su modus operandi, en una acusación por estafa que puede llevar a su detención y al registro de sus domicilios para obtener evidencias informáticas de su intervención.
En estos casos concretos es importante determinar la importancia del desconocimiento del afectado, puesto que puede marcar la diferencia entre su condena penal (entre seis meses y tres años según el Código Penal) o su absolución.
El Gabinete Profesional de Peritos Judiciales cuenta con expertos informáticos que se encargan de analizar cada evidencia y documentar si realmente existe participación activa de los diferentes intermediarios, permitiendo una posibilidad de defensa cuando no existe conocimiento de la utilización del propio ordenador. El afectado se ve obligado, en muchos casos, a demostrar su inocencia mediante un informe pericial externo que puede suponer un gasto superior a los 2.000€.
Los intermediarios voluntarios, por el contrario, suelen ser conscientes de que están participando en una actividad cuando menos sospechosa, considerando que están obteniendo un beneficio económico directo por una gestión que en condiciones normales corresponde explotar a los agentes expertos en mercados financieros.
El Gabinete ha detectado en su entidad un incremento del 18% en el año 2009, en relación al año anterior, de solicitudes de intermediarios no voluntarios para la defensa ante esta implicación no consciente en el delito de estafa.
Para Manel Cruz, Gerente del Gabinete Profesional de Peritos Judiciales, "la situación laboral actual favorece especialmente la participación en este tipo de delitos, con o sin el conocimiento sobre la ilegalidad. Corresponde a los profesionales relacionados con la justicia que puedan probarse los diferentes tipos de intermediarios y, consecuentemente, la voluntariedad o desconocimiento de los implicados ante una posible responsabilidad penal".